SOBRE UPEEMES, ENTREGUISMO Y OBEDIENCIA CÍVICA

SOBRE UPEEMES, ENTREGUISMO Y OBEDIENCIA CÍVICA

¿Son los megaproyectos resultado de caprichos repentinos del poder político? ¿Son producto exclusivo de la avaricia de quienes desean enriquecerse a partir de ellos? ¿Mandatos insoslayables caídos bajo amenaza desde los centros de poder? Creemos que sí, pero solo en parte.

No estamos en la línea de quienes afirman que la razón de ser de UPM (1 y 2), Montes del Plata, la brutal expansión de la soja transgénica, la búsqueda de hidrocarburos por fracking a cualquier costo, el intento fallido de Aratirí, el demencial puerto para la flota pesquera china y tantas otras megaobras, sean resultado de conspiraciones perversas que tienen como (único) objetivo enriquecer a empresarios y funcionarios miserables que se excitan ante la posibilidad de una coima.

En esta nota nos proponemos exponer distintas miradas sobre los porqués de tanto megaproyecto saqueador y contaminante, procurando una explicación más allá de la acusación que suele caracterizarnos. Es para nosotros, una suerte de “ejercicio de la objetividad”, que nunca es tal, donde nos proponemos interpelarnos incluso a nosotros mismos como Pueblo.

LA NECESIDAD DE MANTENER LA ESCENOGRAFÍA ECONÓMICA

Es cierto que estas fábricas estimulan la economía (por no decir que la masturban) mientras dura la construcción de la planta. En esos 2 ó 3 años generan empleo y mueven abundante capital por compras de bienes y servicios dentro y fuera de fronteras. Desde actividades formales y legales hasta negocios sucios y criminales: desde la alta ingeniería hasta la trata de personas, desde oficinas técnicas hasta burdeles, desde hoteles de categoría hasta carros de chorizos, se activan o reactivan merced a obras de esta escala.

Una vez puesta en marcha la fábrica, como ya se ha comprobado repetidas veces, nos regresan al pozo del desempleo y la pobreza de siempre, dejándonos a los sumo 1 (un) punto de PBI(*) a cambio de multiplicación de deuda y deterioro generalizado, social, ambiental y económico. Si por los políticos fuera, permitirían una megafábrica como esta cada 3 años, para así vivir en perpetuidad en el limbo de una economía ficticia. Porque una economía que luzca sana es la principal razón de ser de ellos en el poder.

LOS (IR)RESPONSABLES DE SIEMPRE

Los responsables de que desembarquen en nuestra tierra los megaproyectos tienen nombre y apellido. Son tantos que es difícil publicar una lista sin correr el riesgo de omitir a unos cuantos.

Unos por acción: gobernantes y funcionarios públicos que negocian, firman los contratos con el inversor privado, reciben y reparten las coimas, instrumentan sistemas fraudulentos de “consulta popular” como lo son las audiencias públicas, firman autorizaciones inverosímiles por orden de sus superiores y, finalmente, reprimen la protesta social, si la hubiere, cuando la hubiere.

Otros por omisión: los que se mantienen en las sombras de su oficina o de su banca parlamentaria para evitar así el escarnio público y pasar por inocentes ante la acusación popular. En este grupo ocupan un lugar destacado los juristas, fiscales y jueces que hacen la vista gorda frente al turbio y perjudicial negocio, desconociendo sus obligaciones como empleados públicos –de obligaciones morales ni hablemos-, cajoneando o rechazando cualquier iniciativa legal que intente detener o juzgar el abuso, por ilegal o inconstitucional que sea.

EL COSTO DE NINGUNEAR AL PUEBLO

El Pueblo posee la sabiduría colectiva, que muchas veces –si no siempre- supera a la sabiduría académica individual de los eruditos. Es algo que los gobernantes no se permiten aceptar, porque escuchar al pueblo antes que a sus asesores técnicos, dejaría en una posición incómoda a estos últimos y hasta cuestionaría su razón de ser y sus voluminosos salarios. Esa soberbia institucional hace que el gobierno permanezca sordo ante las advertencias del Pueblo sobre la inconveniencia de una segunda planta de UPM. Difícil imaginar qué intención atribuyen los políticos a los movimientos sociales que rechazan con tanta energía este proyecto. Sabemos que los más necios piensan que nos inspiran móviles partidarios (con frecuencia nos tildan de “focas” o “rosaditos”), sin siquiera molestarse en investigar sobre nuestra opinión histórica referente al sistema político.

No tener la humildad de escuchar al Pueblo arroja como resultados obras multimillonarias, inútiles, subútiles o prematuramente abortadas, como lo fueron el Corredor Garzón, la Terminal de Ómnibus de Colón y la Regasificadora para Aratirí, por poner algunos ejemplos recientes.

Hablando de Aratirí, no deberíamos olvidar que la caída del precio internacional del hierro nos terminó salvando –en el anca de un piojo, diría un amigo- de uno de los mayores proyectos depredadores, devastadores y contaminantes que hayan pretendido desembarcar en estas sacrificadas tierras. Tanta razón tenía el Pueblo en este caso, que hasta advirtió que se trataba de una empresa especuladora que ningún “progreso” traería al país. Por no saber escucharlo, el estado uruguayo hoy enfrenta un juicio por 3.500 millones de dólares ante tribunales internacionales que funcionan al amparo de la Organización Mundial de Comercio.

EL SILENCIO (Y LA IGNORANCIA) DE NOSOTROS, LOS CORDEROS

Los megaproyectos depredadores, saqueadores y contaminantes no aterrizan en cualquier lugar. Por ejemplo: las mineras ya no se atreven a proponer explotar los metales que duermen su siesta milenaria en las entrañas del Cerro Famatina, en La Rioja, porque fueron corridos de ahí repetidas veces; en Cochabamba, a las transnacionales especuladoras que se dedican a apropiarse de servicios de agua potable y saneamiento no les pasa por la cabeza intentar privatizar allá el servicio de agua y alcantarillado, porque ya fueron expulsados de aquella ciudad a patadas en el culo, hace un par de décadas.

Es cierto que UPM goza de la complicidad de los gobernantes y del sistema político partidario uruguayo para atreverse a un proyecto industrial tan temerario en el centro del país, que pone en riesgo mucho más que la tierra sacrificada por los monocultivos forestales y los efluentes tóxicos que arrojaría sobre el Río Negro. Pero UPM se instala en esta tierra, sobre todo, porque sabe que no existe una resistencia popular visible a su proyecto. Y de esto no son responsables solo los medios de comunicación –tradicionalmente serviles al poder de turno- incapaces de difundir movilizaciones y actividades de oposición a este emprendimiento. También tiene responsabilidad el Pueblo, siempre tan cívicamente correcto y perezoso. Nos guste o no, nuestra actitud colectiva le otorga “licencia social” a esta transnacional.

El Pueblo uruguayo es amante de la firmocracia. Este debe ser el lugar del mundo en que la primera forma a considerar para combatir una amenaza grave es juntando firmas. Y no está mal, siempre y cuando la tarea de juntar firmas tenga como objetivo primordial el despertar y movilizar a los vecinos. Cuando la firma se transforma en principio y fin de una lucha, los empresarios ríen de las cosquillas que las esforzadas campañas les provocan, y los políticos gozan con la ternura que estas acciones estériles despiertan en sus pétreos corazones.

Súmese a esta actitud firmocrático-pasiva del “ciudadano” uruguayo medio, la división existente entre los movimientos sociales liderados por patriarcas, y la opinión bastante generalizada de muchos adictos a la TV que juran “esto es progreso”, que así se genera empleo de calidad, que el tren de UPM reactivará el servicio de pasajeros de AFE y conectará la producción de granos del norte con el puerto, que la fábrica limpiará el agua del Río Negro, que todo será controlado por la DINAMA, que los monocultivos de eucaliptos configuran bosques… uf…

CONSCIENCIAS DORMIDAS

Una compañera afirma, con bastante razón, que uno de los problemas que tiene la consciencia colectiva es no poder comprobar en forma inmediata los daños denunciados. Dicho de otro modo, si el agua que bebemos se pudriera de un día para el otro, si el territorio se desertificara repentinamente, si un día amaneciéramos sin el derecho de expresar nuestra opinión, entonces, la reacción colectiva sería muy distinta. Sin embargo, recordamos aquel día de marzo de 2013 en que el agua salió podrida por todas las canillas de la zona metropolitana –lo que derivó en un reconocimiento oficial sobre el mal estado del agua-, y podríamos decir lo mismo de las cianobacterias, que llegaron para quedarse, ganando casi todas las costas de mar y río del territorio oriental desde enero de este año.

Por último, aunque aún no sea muy visible, es claro que la libertad para expresar nuestro rechazo a los megaproyectos del capital también está amenazada. Y si alguien aún tiene dudas de esto, espere a que entre en vigor la ley antiterrorista que el parlamento uruguayo votó de urgencia en los últimos días. Ley que, sabemos, no tiene otro objetivo que poner rótulo de terrorista a todo/a aquel/la que pretenda realizar una acción para frenar el avance del saqueo y la contaminación en nuestro territorio, en defensa de LA VIDA, por fuera de los métodos “cívicamente autorizados”, como la juntada de firmas y el voto.

(*) Para que ese punto de PBI exista, es imprescindible que se compute la exportación de pasta de celulosa como producto nacional, lo que es falso ya que se produce en zona franca y no deja beneficios fiscales. Lo que exporta Uruguay son troncos, no pasta de celulosa. Podríamos decir que somos un auténtica República Tronquera, lo que nos coloca un escalafón por debajo de las Repúblicas Bananeras, que son mucho más dignas porque al menos exportan alimento.

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